En un encuentro realizado en la biblioteca del tribunal de alzada con los medios de comunicación regional, el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro Romero, entregó los lineamientos de su gestión y dio a conocer estadísticas sobre el trabajo en la jurisdicción. En especial, las relacionadas con la implementación de la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, normativa que comenzó a regir el 20 de mayo de 2023.
A la actividad, en la que también participó el administrador de Juan Gómez Serrano, asistieron periodistas del Diario El Rancagüino, TVN Red O’Higgins, Diario Sexta Región, Canal 13, Radio Cooperativa y TV O’Higgins.
En la reunión, el ministro Caro destacó la necesidad de una relación más fluida con los medios regionales, no sólo para transmitir el trabajo de los tribunales, sino que también para que la sociedad asuma a la corte como parte de su comunidad regional.
El presidente Pedro Caro explicó que, al 26 de febrero de este año, los tribunales de familia de la jurisdicción han ordenado el pago de $80.568 millones por concepto de pensiones de alimentos, registrándose 18.889 beneficiarios en un total de 40.813 causas.
Esta ley faculta a estos juzgados para investigar, retener y pagar con los fondos que la persona alimentante deudora tenga en sus cuentas corrientes bancarias o en instrumentos financieros y/o de inversión, lo que se denomina procedimiento especial. En caso de que la búsqueda no tenga resultado, existe el procedimiento extraordinario que autoriza, cumplidas ciertas condiciones, a pagar con cargo a los fondos de capitalización individual de los deudores y que gestionan las AFP.
“Hay que destacar la alta recaudación que se ha generado a partir de la creación de las nuevas leyes como el Registro Nacional de Deudores. Es así, que desde que se creó la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos en mayo de 2023, se ha ordenado el pago de más de 80 mil millones de pesos, generándose una recaudación de cifras importantes y un impacto significativo en los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló el presidente del tribunal de alzada.
Agregó que “que esta ley no implicó nuevos funcionarios para los juzgados de familia, por lo tanto, los obligó a mejorar todos sus procesos y a trabajar de manera muy coordinada con la Corte de Apelaciones para generar sistemas de tramitación masiva en algunos casos. Sin duda es una contribución la creación de la Unidad Especializada de Liquidaciones, la que ha permitido, desde su implementación en 2024, acortar los plazos y concretar casi el 100% de las liquidaciones ordenadas”.
Gestión de causas y libertades condicionales
El presidente de la Corte de Apelaciones también abordó el aumento de 7,5% de ingresos de causas (10.613) registrado en 2024 en el tribunal de alzada, siendo la materia laboral con la mayor alza con 89%.
“Las cifras de 2024, tanto de la Corte de la Apelaciones como de los tribunales, demuestran un incremento significativo en las cargas de trabajo. Hubo más de 10 mil ingresos en el tribunal de alzada, así como también un alza en las materias más urgentes como laboral -que tiene el aumento más significativo-, familia, recursos de amparo, recursos de protección relacionados con migración, entre otras”, señaló el presidente Caro.
En cuanto a las libertades condicionales otorgadas en 2024, durante las dos sesiones de la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción realizadas en el año se recibieron 620 solicitudes de internos, de las cuáles se autorizó el beneficio a 55 reclusos, lo que equivale a un 8,8%.
