10 años y un día de presidio para autor de abuso sexual

Policial

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a C.A.B.P. a la pena única de 10 años y un día de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares, en calidad de autor de cuatro delitos, uno en calidad de agravado, de abuso sexual de menor de 14 años de edad. Ilícitos cometidos en la comuna, entre 2020 y 2021.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Carlos Pérez Díaz (presidente), Marisol López Machuca y Ricardo Farías Quitral (redactor)– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que C.A.B.P. cometió las agresiones sexuales en contra de la hija de su conviviente, con quien residía al momento de los hechos, en cuatro oportunidades entre 2020 y 2021.

“Los hechos punibles fueron cometidos por el autor de forma dolosa, esto es, con claro conocimiento de lo que estaba realizando y con plena intención de realizarlos, lo que quedó de manifiesto en el contexto y dinámica de ambos hechos, que denotaron una motivación sexual sin que fuera probada una tesis en contrario por la defensa. Los delitos alcanzaron el grado de desarrollo consumado, al haber realizado su autor todas y cada una de las exigencias del tipo penal, tal como se razonó anteriormente”, establece el fallo.

El tribunal condenó al sentenciado a pagar dos tercios de las costas y le aplicó, además, las penas accesorias especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal; y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ordenó que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

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