El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a Roberto Mario Tapia Salazar a la pena de 4 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito consumado de incendio en inmueble habitado. Ilícito perpetrado en la comuna, en diciembre del año pasado.
En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Carlos Pérez Díaz (presidente), Daniel Ocampo Rubio y Marisol López Machuca (redactora)– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 08:30 horas del 18 de diciembre de 2023, Tapia Salazar se encontraba discutiendo con su pareja, M.P.D.A., en la vivienda de propiedad de J.P.G.G., ubicada en la población 18 de septiembre de San Fernando.
“En ese contexto amenazó a la mujer con quemarle su ropa, para luego prenderle fuego a dichas especies, lo que hizo al interior de la vivienda. Tras ello, el fuego destruyó por completo la vivienda de G.G. y luego el fuego se extendió a la vivienda colindante donde en esos momentos dormía P.A.G.I.”, quien alcanzó a escapar.
El fuego destruyó completamente ambas viviendas, pese a los esfuerzos de voluntarios de Bomberos y vecinos del sector.
“(…) la participación del encartado resultó del mismo modo acreditada con el mérito de la prueba testimonial, pues dio cuenta del conflicto previo suscitado entre aquel y su pareja, de la amenaza que efectuó a viva voz de quemar la ropa y la inmediata aparición del fuego, lo que permitió vincularlo con el delito. De otra parte, la conducta desplegada por el acusado de intentar frenar las perniciosas consecuencias del fuego y luego de huir ante la presencia de carabineros, se constituyeron en indicios que fueron concordantes con su participación”, consigna el fallo.
“Finalmente, el propio imputado asumió su responsabilidad, declarando en juicio haber sido él quien dio inicio al fuego con un encendedor en el interior de una de las viviendas, en la que se encontraba junto a su pareja”, añade.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras bilógicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
