El diputado solicitó antecedentes sobre personal extranjero y honorarios entre 2024 y 2026, además de exigir que el municipio aclare si respondió los requerimientos formulados por Contraloría. La solicitud fue formalmente despachada por la Cámara de Diputados al alcalde Pablo Silva Pérez.
El diputado Sebastián Cristoffanini intensificó su fiscalización sobre la Municipalidad de San Fernando y puso bajo revisión las contrataciones de personal extranjero y a honorarios realizadas por la administración municipal, solicitando una extensa nómina de antecedentes destinados a verificar su fundamento, modalidad y cumplimiento de la normativa vigente.
El requerimiento fue formalizado mediante el Oficio N°22.278 de la Cámara de Diputados, de fecha 17 de agosto de 2026, dirigido directamente al alcalde Pablo Silva Pérez, y también apunta a establecer qué ocurrió con requerimientos que la Contraloría Regional de O’Higgins habría formulado previamente al municipio.
“La Municipalidad debe aclarar si respondió los Oficios N°OF104726/2026 y N°OF127448/2026, de junio y julio respectivamente. En caso de haberlos contestado, deberá informar las fechas y acompañar copia íntegra de las respuestas y sus respaldos; y si alguno continúa pendiente, explicar las razones y su estado de tramitación” expresó el parlamentario.
Pero la fiscalización va más allá. El diputado solicitó conocer el número total de extranjeros que prestaron servicios municipales durante 2024, 2025 y 2026, distinguiendo si fueron contratados en planta, contrata, honorarios, Código del Trabajo u otra modalidad, además de sus funciones, unidades de desempeño y actos administrativos respectivos.
Uno de los puntos centrales, sostuvo Sebastián Cristoffanini “será determinar cómo el municipio verifica que las labores contratadas a honorarios cumplan efectivamente con los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley N°18.883, especialmente respecto de labores accidentales, no habituales o cometidos específicos. Asimismo, deberá justificar administrativa y jurídicamente aquellas prestaciones que se hayan mantenido de manera continua o sucesiva desde 2024 o incluso antes”.
“Cuando hablamos de recursos públicos no basta con decir que todo está en regla: hay que demostrarlo con documentos. Queremos saber quién fue contratado, para qué función, cuánto se pagó, bajo qué modalidad y cuál fue el fundamento jurídico. Y si Contraloría requirió antecedentes, San Fernando merece saber si la Municipalidad respondió y qué hizo frente a esas observaciones”, afirmó Cristoffanini.
Finalmente, el parlamentario precisó que: “Ahora corresponderá esperar la respuesta oficial de la Municipalidad, que deberá ser evacuada dentro del plazo legal correspondiente, estimado aproximadamente en 30 días. Una vez recibidos los antecedentes, estos podrán ser revisados para determinar el grado de cumplimiento de lo solicitado y evaluar los pasos fiscalizadores que correspondan”.
