La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Médico Legal, sede San Fernando, a través de una declaración pública informa a las autoridades y comunidad en general, que, habiendo transcurrido más de 72 horas desde la presentación del petitorio formal con fecha 18 de marzo de 2026, y ante la ausencia de respuestas completas, verificables y con plazos definidos por parte de la Dirección Regional y de la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, se ha resuelto adherir a una movilización de carácter indefinido, resguardando la continuidad del servicio mediante la implementación de un turno ético correspondiente al 50% de las pericias, medida que se mantiene vigente desde el día de hoy.
El comunicado agrega que “Esta decisión se adopta con sentido de responsabilidad institucional, procurando compatibilizar la defensa de condiciones laborales adecuadas y seguras con la continuidad de una función pública esencial, en un contexto de problemáticas que han sido informadas oportunamente a las autoridades competentes y que, a la fecha, continúan sin solución efectiva. La movilización no busca interrumpir el servicio, sino visibilizar situaciones que afectan directamente la seguridad de los funcionarios y la calidad de la atención que se entrega a la ciudadanía”.
El documento sostiene que con fecha 18 de marzo de 2026, la directiva y los funcionarios de la sede del Servicio Médico Legal de San Fernando presentaron un petitorio formal dirigido a la Dirección Regional y a la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, con el objeto de visibilizar y requerir solución a diversas situaciones que afectan el funcionamiento de la unidad y el adecuado cumplimiento de sus funciones. Entre las materias planteadas se incluyeron la revisión de la situación del Director Provincial y su reincorporación a turnos tanatológicos de fin de semana, la implementación de un sistema de portón eléctrico en condiciones adecuadas considerando la inexistencia de guardias nocturnos, el mejoramiento de infraestructura crítica como la falta de una lámpara de pabellón para la realización de autopsias, la creación de protocolos formales para la gestión de funerales de alto riesgo, y la realización de un estudio de puesto de trabajo por exposición a riesgos biológicos y ergonómicos, materias que inciden directamente en la seguridad de los funcionarios y en la calidad del servicio prestado a la comunidad.
La declaración sostiene que posteriormente, durante el mes de marzo de 2026, se sostuvo una reunión con la autoridad regional en la que participaron la Directora Regional y la Subdirectora subrogante, instancia en la cual se abordaron parcialmente los puntos del petitorio. En dicha oportunidad se informó que el proyecto de portón había sido derivado a la Subdirección Administrativa para su evaluación y que se iniciaría un proceso de compra ágil; respecto de la lámpara de pabellón, se señaló la existencia de gestiones previas no concretadas, comprometiéndose una revisión de su factibilidad técnica; asimismo, se hizo referencia a eventuales conflictos internos entre equipos como factor que habría incidido en la negativa de algunos profesionales a concurrir a la sede; y en relación con la suspensión de turnos de fin de semana del Director Provincial, se indicó que la asignación de turnos constituye una facultad de la autoridad regional. Posteriormente, con fecha 23 de marzo de 2026, se informó que la decisión de no continuidad contractual se habría adoptado sobre la base de comunicaciones electrónicas que, a juicio de la autoridad, evidenciaban un trato inapropiado entre colegas, agregando que los contratos son de carácter anual y que la asignación de turnos constituye una facultad discrecional de la Dirección Regional.
En relación con lo anterior, se informó que la decisión de no continuidad contractual fue materializada mediante la designación de otro perito en el mismo cupo, manteniéndose el sistema histórico de turnos, lo que implica la derivación de procedimientos hacia otras sedes. Esta situación genera preocupación, por cuanto produce una extensión de los tiempos de turno de funcionarios internos y externos, incrementa los tiempos de espera para los usuarios producto de los traslados de cuerpos y afecta el clima laboral, especialmente considerando la ausencia de fundamentos técnicos formales que permitan comprender de manera objetiva la medida adoptada.
Si bien la autoridad regional ha informado avances en algunas gestiones administrativas, esta organización constata que persisten materias relevantes sin respuesta formal ni antecedentes verificables, entre ellas información sobre la actividad pericial realizada y la carga operativa de las sedes, el registro de turnos administrativos y distribución de funciones, antecedentes sobre situaciones de conflicto o dificultades de coordinación entre equipos profesionales, y la definición de plazos concretos para la ejecución de medidas comprometidas. La ausencia de esta información impide evaluar adecuadamente la gestión operativa y genera un escenario de incertidumbre respecto del funcionamiento del servicio.
Asimismo, genera especial preocupación la materia relativa a la gestión de funerales de alto riesgo, respecto de la cual se ha señalado la existencia de coordinación institucional; sin embargo, no se han acompañado actas, protocolos operativos específicos ni registros formales que acrediten una coordinación efectiva y permanente, lo que impide verificar el nivel real de resguardo para los funcionarios y funcionarias que participan en estos procedimientos. Cabe recordar que, las actuaciones en contextos de riesgo deben desarrollarse bajo criterios de coordinación institucional, evaluación previa de riesgos, definición de medidas de resguardo operativo y comunicación oportuna entre los distintos niveles de la organización. La ausencia de medidas verificables en esta materia genera un escenario de riesgo que no puede ser normalizado en un servicio público de carácter crítico.
La Asociación reconoce que se han informado gestiones en materias de infraestructura y mantención; sin embargo, resulta necesario precisar que dichas acciones no se refieren a las problemáticas estructurales expresamente señaladas en el petitorio, persistiendo situaciones críticas tales como infraestructura inadecuada para el desarrollo de funciones periciales, el uso de refrigeradores domésticos para el almacenamiento de muestras biológicas y la falta de espacios adecuados para el resguardo de insumos y equipamiento. Estas condiciones comprometen la seguridad operativa, los estándares técnicos del servicio y la calidad de la atención que se entrega a la ciudadanía.
En cuanto a las condiciones de seguridad de la sede San Fernando, se informó que con fecha 20 de marzo de 2026 se dio inicio a un proceso de compra ágil para la reparación del portón, con un presupuesto aproximado de $1.200.000, cuyo proceso de recepción de ofertas finalizó el 23 de marzo de 2026, registrándose la participación de diversas empresas.
Posteriormente se tomó conocimiento de discrepancias entre el presupuesto inicialmente informado y la oferta adjudicada, lo que motivó que la directiva planteara la necesidad de que la solución incluyera la instalación de un sistema de apertura eléctrica, atendidas las condiciones de seguridad y operatividad de la sede.
Con fecha 24 de marzo de 2026, se informó que el proceso fue dejado sin efecto con el objeto de reformular la solicitud incorporando dicha instalación. Las situaciones descritas no sólo afectan a los funcionarios, sino también a la comunidad usuaria del servicio, habiéndose registrado reclamos asociados a demoras en la realización de procedimientos, traslados obligatorios a otras ciudades con el consiguiente aumento de costos y dificultades logísticas, así como falta de información oportuna en situaciones especialmente sensibles para las familias. En un servicio público como el Servicio Médico Legal, estas circunstancias generan un impacto social relevante y requieren respuestas oportunas y eficaces por parte de la autoridad.
La secretaria de la directiva nacional de funcionarios y funcionarias del Servicio Médico Legal, Leslie Urzúa señaló que “a la fecha, se constata que no se ha recibido una respuesta integral al petitorio presentado, no se han establecido plazos concretos de solución, no se han implementado medidas efectivas respecto de las problemáticas expuestas y no se ha constituido una instancia de diálogo con carácter resolutivo. Es por estas circunstancias que se informa que la sede del Servicio Médico Legal de San Fernando se adhiere a una movilización de carácter indefinido, manteniendo un turno ético correspondiente al 50% de las pericias, con el objeto de resguardar la continuidad de las funciones esenciales del servicio y la atención a la ciudadanía, en un marco de responsabilidad institucional y manteniendo plena disposición al diálogo”.
Finalmente, la dirigente nacional precisó que “La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Médico Legal reafirma su compromiso con la ciudadanía, con el respeto irrestricto a la función pública y con la búsqueda de soluciones institucionales efectivas. Nuestro objetivo no es paralizar el servicio, sino garantizar que funcione con seguridad, coordinación y condiciones adecuadas para los funcionarios y para la comunidad”.
Directiva Nacional – Asociación de Funcionarios y Funcionarias del SML
