La legisladora fue crítica de la falta de prevención por parte de las instituciones para detectar estas situaciones de riesgo.
La parlamentaria Carla Morales (RN) solicitó de manera urgente una mayor coordinación entre las distintas entidades estatales para abordar la alarmante problemática de la explotación laboral infantil, tras el reciente caso de una niña de 14 años, de nacionalidad boliviana, que fue forzada a trabajar en condiciones indignas por una pareja de extranjeros en Iquique. Este hecho, al que se suma el ocurrido hace unos meses en la región de O'Higgins, ha resaltado la necesidad de medidas eficaces y preventivas para proteger a los menores de edad en situaciones de vulnerabilidad.
Los involucrados fueron detenidos bajo la acusación de trata de personas con fines de explotación laboral infantil. Esta acción se produjo después de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la situación precaria en la que se encontraba la menor.
En respuesta a esta preocupante situación, la diputada Morales envió oficios a varios organismos, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Servicio Mejor Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitando información sobre las medidas de protección y atención psicosocial que se están implementando para salvaguardar el bienestar de la menor afectada.
"Es esencial conocer qué acciones se están tomando para prevenir futuros casos de trata de personas en menores de edad, así como establecer mecanismos de prevención que impidan que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", argumentó la parlamentaria.
Morales apuntó también a la falta de coordinación entre los diferentes órganos del Estado, lo que refleja una ineficacia en la detección de casos similares. “La respuesta es insuficiente. Es evidente que no se ha actuado de manera preventiva. Necesitamos una estructura sólida que permita una comunicación efectiva y el intercambio de información entre entidades”, criticó.
Fundación Una Mirada alerta por situación de menores en riesgo
Camille Sigl, la Coordinadora Estratégica de la fundación, resalta la gravedad de estos casos, enfatizando en el deficiente registro de los niños que ingresan al país, lo que los deja desprotegidos y vulnerables a abusos y explotación.
“Es lamentable que casos como el de esta pareja de extranjeros que explotaban laboralmente a una niña de tan solo 14 años, privándola de su derecho a la educación y a una infancia digna, ocurran en el país. La migración ilegal sin registro adecuado de los niños que ingresan solo propicia situaciones de vulnerabilidad extrema, donde estos menores quedan desprotegidos y expuestos a abusos y explotación”, afirmó.
A lo anterior agregó que “la falta de registro y control en la migración ilegal solo contribuye a perpetuar situaciones de riesgo y abuso para los niños que, en muchos casos, son los más vulnerables e inocentes en estas circunstancias. Es responsabilidad de las autoridades realizar esfuerzos conjuntos para prevenir y combatir este tipo de situaciones lamentables”.
