Natalia Romero y Eduardo Cornejo también llamaron al Consejo de Defensa del Estado a evaluar posibles querellas considerando el pago de $3.554 millones que realizó el organismo.
Los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de O’Higgins, Natalia Romero y Eduardo Cornejo, llamaron a la Fiscalía a abrir una investigación penal luego que la Contraloría General de la República, en una auditoría realizada al interior de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb), detectara que de un total de 796.043 raciones de alimentos que la empresa adjudicataria debía entregar en la zona entre marzo y diciembre de 2022, apenas repartió 284 en dicho período.
Al respecto, los parlamentarios hicieron referencia al informe final emanado por el órgano contralor, que, a pesar de desestimar la denuncia de un supuesto sobrepago en los servicios de alimentación, descubrió una serie de irregularidades que terminaron afectando a miles de estudiantes de la región.
En específico, el ente fiscalizador determinó que la Junaeb licitó la entrega de 796.043 servicios de once para el nivel básico en 2022, de las cuales sólo se entregaron 84 raciones en septiembre y 200 en octubre. “Lo observado trata de un hecho consolidado que no es susceptible de enmendar para el período auditado, esto es, que efectivamente se pagó la suma de $3.554 millones (…) No obstante, el proveedor sólo entregó 284 raciones a los establecimientos educacionales”, señala el documento.
Por lo mismo, los diputados Romero y Cornejo aseguraron que no bastaba con los sumarios que se iniciaron dentro de la Junaeb, sino que se requería indagar los eventuales delitos que podrían existir, para lo cual también llamaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a evaluar posibles querellas.
“Es absolutamente inaceptable que en nuestra región se haya entregado menos del 0,1% de los servicios de once que la Junaeb había contratado para los establecimientos educacionales durante el año 2022. Estamos hablando de miles de alumnos que se quedaron sin su ración de alimentos, sobre todo quienes están en una condición de mayor vulnerabilidad y cuya alimentación depende, en su mayoría, de lo que reciben justamente en los colegios. Desembolsar más de $3.554 millones para que la empresa a cargo apenas entregue 284 onces de casi 800 mil es una aberración tanto moral como legal, porque lo que es indispensable que se investigue este asunto”, señalaron los UDI.
En ese sentido, los representantes de O’Higgins también cuestionaron que en las licitaciones anteriores no se haya establecido una banda de precio, lo que terminó provocando que las empresas que participaban del proceso presentaran valores muy distintos en relación con los demás oferentes.
Producto de aquello, Romero y Cornejo insistieron en calificar como “indispensable” que se abra una investigación penal por los eventuales delitos que podrían existir, como malversación de fondos.
“Una situación de esta naturaleza, que termina afectando a miles de estudiantes vulnerables de nuestra región, no puede quedar en la impunidad ni mucho menos resolverse exclusivamente en un ámbito administrativo. Además de las políticas, aquí también podrían existir responsabilidades penales, de tal manera que vamos a insistir para que se investigue aquello”, reiteraron los diputados.
