Esto luego de que la absolución de los delitos entregada por el Mandatario generara una ola de críticas tras liberar a condenados por el estallido social y un ex frentista.
Después del indulto que el Presidente Gabriel Boric concedió al ex frentista Jorge Mateluna y la controversia generada con la Corte Suprema por sus dichos, cuestionando los procedimientos e indicando irregularidades en el fallo de tribunales sobre el mismo caso; un grupo de diputados de Renovación Nacional ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca eliminar la potestad del jefe de Estado de otorgar indultos particulares.
Cabe señalar que la facultad presidencial que aplicó el mandatario la semana pasada, se efectuó sobre un ex frentista condenado por el asalto a un banco en 2013, que ya en 2004 fue beneficiado con la misma medida por el expresidente Ricardo Lagos, y otros doce condenados en el marco del estallido social de 2019.
Entre los parlamentarios que se encuentran detrás de esta iniciativa legal se encuentra la diputada por la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Carla Morales.
“Hemos presentado en el Parlamento un proyecto para eliminar la facultad de indultar que posee el Presidente de la República. Ante las últimas acciones, que demuestran una señal clara por parte del mandatario, de no percibir la sensación de inseguridad generalizada que existe en el país, consideramos que es un grave peligro para nuestra sociedad que este tenga la facultad de indulto. Han sido sus erráticas y malas decisiones, las que nos llevan a prever lo que puede pasar de aquí hasta que termine su periodo. Y para evitar esta inminente amenaza, es que precisamente tenemos que quitarle esta facultad
El proyecto busca terminar con los excesos que puede ocasionar el ejercicio de esta atribución, por lo que Morales espera que este sea acogido por el bien de las víctimas y la seguridad ciudadana. De esta forma esperamos que se comience un camino que coloque a los delincuentes en el sitio que les corresponde como lo es la cárcel.
Entre los argumentos del proyecto de reforma constitucional se encuentran cuestionamientos como: “Hasta qué punto es tolerable que la verdad judicial, que sólo puede ser establecida por los tribunales, sea controvertida por el Presidente y finalmente revocada mediante el indulto. Esto puede constituir una afectación institucional si se toma como una intromisión presidencial en actuaciones del Poder Judicial. Resulta particularmente complejo y cuestionable que esta herramienta hubiere sido utilizada por el Mandatario como promesa de campaña, toda vez que pareciera dejar una cuestión tan relevante como la persecución penal y el juzgamiento de causas criminales al arbitrio de las mareas electorales”.
