"Las fechas definidas por Decreto del 9 de abril del ministerio de Hacienda, deja fuera principalmente a quienes se han visto afectados en los meses de marzo y abril".
La diputada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, envió junto a los diputados de la Bancada Regionalista, una serie de oficios a los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social, así como al Instituto de Previsión Social (IPS), para aclarar las dudas que ha generado la entrega del llamado Bono COVID-19, principalmente en lo referido a la definición de fechas explicitadas en el Decreto Exento N° 101 de 09 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda, que definió plazos que debían cumplir quiénes podrían acceder al beneficio, y solicitar información transparente del verdadero número de chilenos y chilenas que alcanza.
Al respecto, la diputada Sepúlveda explicó que, "La ley delegó en el Ministerio de Hacienda la facultad de determinar la fecha en que los potenciales beneficiarios debían cumplir los requisitos para acceder al bono. Así, por medio del decreto del 9 de abril, el Ministerio fijó esa fecha en el 29 de febrero, para quienes estaban en el subsidio familiar y en el subprograma Seguridades y Oportunidades; lo que nos genera la primera duda ya que esa fecha para nuestro país es previo a la crisis, por lo que no se haría cargo de los chilenos y chilenas que entraron en esa categoría en los meses más duros hasta hoy, como son marzo y abril".
Asimismo, agregó que, "Para el tercer grupo de beneficiarios, esto es, el 60% más vulnerable de la población, se fijó al 1 de abril, que, si bien es post crisis, nuevamente no considera a los despidos generados durante el mes de abril, o el impacto mayor de ésta durante ese mes. Y para ponerle aún más trabas al acceso al beneficio, se debía cumplir un requisito adicional, como es, no ser titular de asignación familiar al 29 de febrero, lo que vuelve a implicar que la persona debía estar en vulnerabilidad previo a la crisis".
"De esta manera, los beneficiarios del bono Covid-19 se restringieron a quienes mantenían condición de vulnerabilidad pre-crisis, pero no a los que cayeron en dificultades económicas por causa de ésta. Así como principalmente a personas totalmente informales que no tienen ningún ingreso por ninguna parte, lo que lógicamente un bono de 50 mil pesos significa prácticamente nada, y por otro lado no va a las familias que se les prometió, sobre todo a los y las cesantes. Razón por la cual hemos decidido oficiar al Ministerio de Hacienda, para que nos informe en detalle sobre los beneficiarios del Bono, y sobre el decreto del 9 de abril realizado por ellos, y transparenten la cantidad real de personas que a marzo de 2020 estaban en las condiciones que fijó la ley para acceder al beneficio, pero que por efecto del decreto quedaron fuera al no cumplir las condiciones al 29 de febrero de 2020".
Además, la diputada Sepúlveda ofició al Ministerio de Desarrollo Social: "Para que detalle la cantidad de beneficiarios potenciales, las de beneficiarios reales y la de personas que no accederán por las fechas. Y al IPS para que informe la cantidad de pagos que ha efectuado, desagregado por comuna y región, y por tipo de beneficiario, así como la cantidad de reclamos que ha recibido por el famoso Bono COVID-19, que entendemos son bastantes".-
