Las extensas redes de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos alcanzaron al municipio colchagüino donde, entre los años 2019 y 2021, recibieron pagos por parte de la administración del ex alcalde Luis Berwart.
Este martes, el alcalde Pablo Silva Pérez, junto al equipo jurídico de la Municipalidad de San Fernando, presentó una querella por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y cohecho en contra de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. La acción judicial incluye además al exalcalde Luis Berwart, al ex administrador municipal Pablo Bravo y al exsecretario de la Corporación Leónidas Quiroga, abriendo así una nueva arista del denominado “Caso Cormusaf”.
Según se consigna en la querella, la Cormusaf realizó pagos por más de 114 millones de pesos a los estudios jurídicos Lagos y Asociados SpA y Vargas Cociña Asesorías Legales entre los años 2019 y 2021.
Al respecto, el alcalde Pablo Silva Pérez señaló que “esto confirma que San Fernando fue parte de algo mucho más grande que un simple caso de corrupción local. Aquí estamos hablando de redes que operaban a nivel nacional, y como municipio vamos a seguir cumpliendo nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer la verdad y que los responsables enfrenten a la justicia”.
Cabe recordar que ambos juristas se encuentran actualmente formalizados en el caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”, que vincula al Consorcio Belaz–Movitec y a la exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco, por eventuales delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. De acuerdo con el escrito presentado por el municipio, los hechos ocurridos en San Fernando seguirían un patrón de conducta similar al observado en dicha causa.
Modus operandi
De acuerdo con la querella, estos recursos —destinados a la educación y salud de los sanfernandinos— habrían sido utilizados para financiar defensas personales de las autoridades antes mencionadas.
En este contexto, se describe la celebración de contratos de asesoría jurídica “deliberadamente indeterminados y ambiguos”, cuyo objetivo habría sido ocultar el verdadero destino de los fondos. Asimismo, se habrían utilizado glosas contables genéricas en los decretos de pago, con la finalidad de dificultar la trazabilidad del gasto y el control administrativo.
Cabe destacar además que los abogados Vargas y Lagos representaron al exalcalde Berwart en una querella personal por difusión de imágenes privadas, y a Pablo Bravo durante investigaciones vinculadas a eventuales irregularidades en el uso de fondos Covid-19, situación que en su momento fue observada por la Contraloría General de la República.
En ambos casos, no existen antecedentes de contratos privados de prestación de servicios entre las partes mencionadas, junto con registros de contactos realizados a través del correo electrónico personal del exalcalde, donde un trabajador del estudio jurídico consulta expresamente: “¿con quién debo gestionar el pago de las facturas pendientes?”.
Por último, cabe señalar que recientemente Leónidas Quiroga fue condenado a siete años de cárcel por fraude al fisco en carácter reiterado y soborno, mientras que tanto el exalcalde Luis Berwart como Pablo Bravo se encuentran actualmente a la espera de la realización de sus respectivos juicios orales.