La parlamentaria ofició al Ministerio del Deporte y a la Subsecretaría para exigir el cumplimiento del fallo que declaró ilegal el cobro de cuotas de incorporación por parte de la ANFP. También solicitó protocolos de transparencia y medidas que protejan a los clubes de regiones.
La diputada Carla Morales ofició al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y al subsecretario de la cartera, para solicitar una fiscalización urgente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y exigir que se cumpla el reciente fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal declaró ilegales los cobros por cuotas de incorporación exigidas a clubes que buscan ascender desde la Segunda División Profesional.
Según el oficio presentado, Morales busca que el Estado garantice condiciones mínimas de justicia deportiva, considerando que estas prácticas han afectado especialmente a equipos de regiones, limitando su crecimiento y participación en el fútbol profesional.
“Es impresentable que después de una sentencia tan clara, aún no veamos acciones concretas desde el Ejecutivo. Esta situación vulnera la equidad del sistema y perjudica principalmente a clubes pequeños, que representan a comunas completas y que hoy siguen atrapados en el ascenso”, criticó la parlamentaria.
La legisladora también solicitó a las autoridades que evalúen mecanismos de compensación para los equipos que pagaron estas cuotas, a fin de reparar el daño económico sufrido durante años. Además, pidió implementar medidas de control y transparencia sobre las decisiones económicas de la ANFP.
*La justicia ya se pronunció*
El fallo de la Corte Suprema dejó sin efecto los cobros de 2 mil UF a los clubes que deseaban pasar de la Segunda División al Campeonato de Ascenso. Entre los perjudicados se encuentran equipos como, Deportes Santa Cruz, Lautaro de Buin, Fernández Vial y Deportes Limache, que incluso debieron asumir deudas para poder competir.
“Este no es solo un tema deportivo. Aquí hablamos de justicia, de equidad territorial y de respeto al Estado de derecho. Ya no basta con que la Corte Suprema se pronuncie, ahora el Gobierno tiene que hacer su parte y garantizar que estas injusticias no se repitan”, concluyó Morales.
